Fiscal de La Romana revela tribunal ordenó libertad de venezolanos cargados de droga


La Romana. La procuradora Fiscal Titular de esta distrito judicial la Dra. Reina Yaniris Rodriguez Cedeno calificó de  preocupante e indignante el fallo resolutivo emitido por la jueza interina de atención permanente la jueza Aristida Mercedes de La Cruz, quien fundamentada en la inexistencia física de una orden de revisión de una aeronave que ella emitió vía telefónica, alego que se violaban derechos fundamentales y beneficio con libertad pura y simple a 5 personas de nacionalidad venezolana que han sido señaladas por el Ministerio Público y la DNCD como presuntos narcotraficantes de cocaína desde el pais latinoamericano hasta esta isla.

La fiscal manifestó que el Ministerio Público bajo ninguna circunstancia el Ministerio Publico en audiencia se refirió a la orden de revisión de la aeronave porque la jurisprudencia nacional contempla que no es necesario ese tipo de documento procesal por lo que según la jurisprudencia el ministerio Público incluso pecó de exceso de legalidad al solicitar dicha autorización.

Manifestó que con dicha decisión se ha irrespetado el trabajo no solo el trabajo del Ministerio Publico como órgano investigador sino el trabajo de la DNCD y de las agencias internacionales que estaban dando seguimiento desde hace un tiempo considerable a esta organización.

Afirmo que fue la propia magistrada que ordenó por vía telefónica el registro de la aeronave, mismo registro que luego en audiencia desconocio y por la cual alego violacion de derechos fundamentales.

La funcionaria judicial sostuvo que ni los abogados se refirieron a dicho registro y que en audiencia estos pidieron garantía economica para los que estaban en la aeronave y libertad pura y simple para el chofer que fue arrestado después, y que la misma a pesar del pedimento hecho por las partes le confirió la libertad pura y simple a los 5 imputados, no sin reconocer que ella había autorizado la orden de registro de aeronave pero que la misma al no encontrarse en físico vulneraba derechos fundamentales.

Afirmo que el Ministerio Publico solicitara la revisión de la medida de coercion  a los fines de que se cumpla  lo solicitado por el órgano acusador que consiste en un año de prisión preventiva.

Sostuvo que la decisión adoptada por la misma, es equivocada e incorrecta y que ya serán los superiores quienes decidirán en lo adelante que pasara con ella.

Reveló que los extranjeros están  detenidos en espera de la resolución